Tres jueces de La Plata dispusieron la reapertura de la investigación por presuntos pagos de sobornos y asociación ilícita en la Municipalidad local durante el gobierno del exintendente Pablo Bruera. La medida se conoció esta tarde y formó parte de la resolución en la que fue condenado en primera instancia Mariano Bruera por “asociación ilícita” a una pena de seis años de prisión.

Los jueces del Tribunal Oral Criminal II de La Plata, Claudio Bernard, Silvia Hoerr y Hernán Decastelli, hicieron lugar al pedido de la fiscal de juicio Victoria Huergo para que se reabra la investigación y se siga en línea ascendente de mando. La medida también alcanza a particulares que (se sospecha) habrían pagado coimas para lograr las rezonificaciones de sus tierras para volcarlas al mercado inmobiliario.

“Dispones que se extraigan copias de la totalidad de la causa, conforme lo solicitado por la Sra. Fiscal de Juicio, y se remitan a la instancia de instrucción para que se pueda proseguir con las investigaciones y responsabilidades de los funcionarios públicos mencionados a lo largo del debate: Jorge Campanaro, (el abogado Lorenzo Jorge) Tomasi y Pablo Bruera incluso, como así también de los particulares involucrados”, dispusieron los jueces, según se destalla en la puntillosa resolución a la que accedió 0221.com.ar. La medida también puede alcanzar al ex funcionario Ricardo Ridick y los particulares identificados como Bocha Castaña y Darío Ballester. Los nombres de estos ciudadanos aparecen apuntados en la explosiva planilla Excel (que según la fiscalía acredita el pedido de sobornos) secuestrada en el marco de la investigación que llegó a juicio oral y finalizó con condena para los dos ex funcionarios Mariano Bruera y Enrique Sette.

La sentencia fue unánime pero el voto fue redactado por el juez Bernard quien consideró que al momento de la denuncia de los hechos juzgados “existía una administración municipal corrupta enquistada en funcionarios públicos, con distintos roles y funciones que se dedicaban a cobros indebidos de sumas dinerarias para otorgar la rezonificación de terrenos”.

Para el juez “en esta organización delictiva se encontraban funcionarios de alto rango dentro de la escala jerárquica del municipio y operadores de menor jerarquía para lograr estos fines espurios”.

En la resolución se deja en claro que existían dos ventanillas de cobros de sobornos: “Por un lado”, la de Enrique Sette, Roberto Moreno, Raúl Moratti y Christian Ybarra, pero “por otro lado, la de (Jorge) Campanaro, que según sus aseveraciones tenía acceso directo e inmediato con el intendente Pablo Bruera”.

El juez mostró su diferencia con la instrucción de la causa por entender que se investigó una sola de las ventanillas de cobros ilegales y lamentó que no se pidieran las intervenciones de los teléfonos de otros exfuncionarios como Campanaro.

“Considero que esta medida judicial, la cual no fue requerida por el Ministerio Público Fiscal, hubiese sido necesaria e imprescindible en la dilucidación del otro extremo ilícito reinante en la Municipalidad. En una investigación compleja y con un entramado en el cual existían funcionarios con distintos roles y funciones en una organización vertical y jerárquica destinada a cobrar sumas indebidas, no resulta lógico ni razonable, a mi criterio, intervenir teléfonos de empleados de menor rango y no adoptar igual criterio con los más altos funcionarios”, sentenció el juez Bernard.